Nombres propios de lugar en Navarra.

Carlos Sánchez-Marco 4 diciembre 2008 Opinión

Carlos Sánchez-Marco concluye hoy la serie de seis artículos sobre la Lengua en Navarra:
 

El "nacionalismo lingüístico" ha otorgado gran importancia a los aspectos de la toponimia – los nombres de lugar –, ya que se trata del principal – y a menudo único – testimonio escrito de una cultura vasca, que permite inferir el grado de implantación, ámbito y evolución de los espacios vascoparlantes. En materia de toponimia el objetivo del "nacionalismo lingüístico" es fijar artificiales y nocivas fronteras lingüísticas y eliminar cualquier evolución habida en el correr de los tiempos, para volver a instalar oficialmente la toponimia que deberá servir para llevar a cabo su anhelada euskaldunización de Navarra.

El separatismo vasco ha reconocido un profundo deterioro y pérdida de la toponimia vasca, calificando esta pérdida como un factor esencial en lo que Jimeno Jurío considera – con tintes de exclusión y monopolio vasquista -, la más "profunda e irreversible crisis de personalidad e identidad que ha experimentado Navarra en toda su historia". Opinaba también Jurío que la toponimia vasca estaba en trance de desaparecer, "debido a la profunda evolución de la sociedad, de sus concepciones y modos de vida, y a las transformaciones del suelo y su destino, afectados por nuevos viales, urbanizaciones, instalaciones industriales, deportivas y pecuarias, por privatizaciones sistemáticas del territorio comunal y por concentraciones parcelarias". Profunda evolución social y lingüística que las tesis del nacionalismo lingüístico no pueden aceptar, ya que la evolución toponímica en la historia impedía la "recreación" de una lengua vasca como principal amalgama en la concepción y formación de una nueva nación vasca políticanmente independiente.

El gobierno de Navarra asumió una gran responsabilidad, tras la aprobación de la Ley del Vascuence en 1986, a la hora de oficializar la toponimia. Por lo que respecta a los nombres de las localidades, comarcas y valles, el gobierno se puso temerariamente en manos de la Real Academia de la Lengua Vasca, no obstante que sus objetivos se identificaban plenamente con el "nacionalismo lingüístico" de las tesis independentistas vascas. Considera el nacionalismo vasco que la toponimia además de ser parte importante del corpus de una lengua, es un distintivo esencial de la identidad de un pueblo, por lo que debía promoverse el cambio de denominación oficial en el caso de municipios y entidades de población que no utilizaban la apropiada, o sea la que se "debe inscribir" en vascuence.

La Dirección General de Política Lingüística – ya bajo gobiernos de UPN – aceptó las políticas que sobre  toponimia se estaban ejecutando en la Comunidad Autónoma Vasca y dijo querer recuperar un patrimonio cultural y lingüístico de gran valor, negando por consiguiente cualquier evolución lingüística ocurrida durante la historia. Plegándose así a las normas lingüísticas aprobadas por la Real Academia de la Lengua Vasca.

            Reconocía el Director General de Política Lingüística del Gobierno de Navarra ("Toponimia de Navarra. Criterios de Normalización Lingüística y Nomenclator de Localidades", año 2000) que "se ha hecho una inmensa labor en la toponimia, tanto en el aspecto investigador como en el legal,y, en consecuencia, en estos diez años la toponimia ha cambiado radicalmente". Confirmaba de este modo su renuncia a aceptar los fenómenos de evolución histórico-lingüística, propugnando en cambio la virtud y conveniencia de radicalizar tan difícil asunto. Con tal predisposición, "los topónimos y grafías vascas tuvieron acceso por primera vez a la toponimia oficial de Navarra", correspondiendo al Gobierno de Navarra "fijar definitivamente" los topónimos de la Comunidad Foral "que serían, a todos los efectos, los únicos legales". Negando en consecuencia protagonismo directo a la sociedad en esta materia de comunicación social, de no ser a través de sus representantes parlamentarios, lo que constituye una innovación que debe encontrar un lugar insólito en los textos de sociología y derecho político. Una vez más los poderes públicos arrancaban la lengua a la sociedad civil para convertirla en instrumento de pacto político. Pues de eso se trataba.

El autoritarismo lingüístico a que han sometido a la sociedad navarra los gobiernos forales desde la transición niega abiertamente la evolución lingüística a través de la historia, manifestando una presunción en favor de que los poderes públicos puedan o deban "dictar" o dirigir ("normalizar") esa evolución y la forma actual de comunicarse en la sociedad.

Las normas que se utilizaron en la fijación vía decreto de los topónimos consideraban que, "dada la pluralidad lingüística vivida, de la que da testimonio la toponimia, ésta venía sufriendo pérdidas y deterioros, singularmente donde hace tiempo se perdió la lengua vasca". Es decir, el gobierno navarro de UPN – siguiendo criterios marcados por el "nacionalismo lingüístico" – no aceptó la evolución de las lenguas, la influencia mútua e involuntaria entre ellas, ni la preponderancia histórica de la lengua española en la escritura, concluyendo con ignorancia, mediocridad o desprecio intelectual al hecho histórico, que las "pérdidas y deterioros" de la toponimia vascuence debía ser – sin que ninguna ley lo avalara – reparada vía decreto para "recuperar el tesoro de la toponimia navarra". Tesoro de la toponimia navarra que se niega abusivamente – en flagrante contradicción y falsedad histórica – a la toponimia desarrollada por las lenguas romance autóctonas y la lengua española, que debe ahora ser degradada socialmente por decreto en Navarra.

Un análisis de los criterios para la "normalización" (¿) de la toponimia de Navarra – propuestos por la Real Academia de la Lengua Vasca y utilizados por el gobierno de Navarra – descubre innumerables situaciones en las que ha predominado una flagrante arbitrariedad motivada por el deseo de inclinar la balanza en favor del vascuence. El Gobierno reconocía en efecto que "el vascuence no ha sido nunca la lengua de la Administración y que por ello nos enfrentamos actualmente con muchos problemas para decidir cual es el equivalente euskérico correcto (¿?) del nombre de un pueblo, pues al faltar esa tradición administrativa nos tenemos que basar, en el mejor de los casos, en la tradición popular, siendo la labor de examinar los documentos escritos en la lengua oficial, en la mayoría de las ocasiones, totalmente inútil, si no es para analizar la toponimia menor".

La evolución de las lenguas no puede quedar sujeta a decisiones parlamentarias – y menos a luchas parlamentarias que tienen un origen extralingüístico – ni a criterios evolutivos impuestos vía ley, decreto u orden funcionarial. Menos aún convertirse en arma arrojadiza. Como mucho, los gobiernos pueden "registrar" el uso real de las palabras en las hablas vivas según el tiempo, el uso y las circunstancias históricas. En ningún caso puede imponer a la sociedad la forma en que ésta deba comunicarse, ni pueden los poderes públicos usar la "goma de borrar" para reconducir retroactivamente la evolución de las lenguas – y menos por consideraciones de índole política y coyuntural – salvo asumiendo el ridículo científico, social y político que ello comporta. "También las palabras tienen su propia vida e historia" escribe Arturo Pérez-Reverte, miembro de la Real Academia Española.

 

Carlos Sánchez-Marco

Artículos anteriores:

1. El nacionalismo lingüístico
2. Una cultura histórica politizada
3. ¿Vasco o vascuence?
4. El vascuence batua. 
 5. Interferencia política en la lengua navarra.

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