Cuestión de conciencia.

Santiago Cervera, diputado de UPN en el Congreso. 22 octubre 2008 Opinión
Nuestro sistema de representación política confiere a los partidos la capacidad de colaborar en la formulación de la opinión civil y condicionar las labores del gobierno de los interese generales. Un partido político refiere un ideario, se constituye como organización y designa a las personas a las que se encomienda su proselitismo. La Constitución reclama a los partidos políticos un funcionamiento democrático, condición obligada, precisamente, para poderse constituir en los elementos formadores del sentir ciudadano.

Resulta lógico que a los cargos públicos de los partidos se les exija lealtad y disciplina, incluso obediencia. La razón que lo justifica tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a tener bien identificadas las acciones de aquellos a quienes se otorga la confianza, y en su caso a poder juzgar su acierto e incluso cambiar de siglas en sucesivos comicios si ese juicio es negativo. Si yo voto una determinada candidatura para el ayuntamiento de mi ciudad, reclamo una razonable predectibilidad sobre lo que van a hacer esos concejales que me representen. Es obvio que no podré mandatarles en todos y cada uno de los asuntos en los que intervengan, pero sí tengo derecho a que respondan siempre de acuerdo con los principios y actitudes por las que han merecido mi voto. La obediencia que esos concejales deben tener al partido no es un derecho de la estructura partidaria, sino un derecho de los representados, que merecen el compromiso más fiable posible a cambio de la papeleta en la urna.

Esta generalidad encierra, en su sentido profundo, una aseveración democrática: la relación ente representantes y representados no es discrecional. No puede alterarse cambiando la regla de confianza que siempre ha de estar presente. El nepotismo consiste precisamente en que los políticos se sitúen por encima de los intereses de los ciudadanos, jugando a su antojo con el poder que estos les hayan conferido. Se puede ser nepótico bajo apariencia de democrático. Es más, hay quienes justamente se aprovechan de sus capacidades de manipular a la opinión pública para alterar unilateralmente el contrato que les debe unir con la gente. El peor político no es el tránsfuga. El peor es el que se cree con capacidad infinita para manipular los términos de sus compromisos. Y no faltan ejemplos de ello mirando en derredor. No faltan quienes creen que simplemente cambiando la manera de llamar a las cosas, cambian las cosas mismas. La corrupción en política no sólo es pecuniaria: también la hay actitudinal.

Estas apreciaciones –disculpen lo denso del razonamiento- sirven para valorar ponderadamente el sentido de la disciplina en un partido. Se puede entender como una virtud en la medida en que refleje compromiso y sinceridad para con los electores. Se debe entender como una rémora en la medida en que permita el nepotismo. Las estructuras partidarias no pueden asumir decisiones que aunque estén revestidas de una formalidad democrática, alojen cambios que desnaturalicen el sentido de la confianza que los votantes otorgaron. En casos así, ¿qué papel le correspondería a quien se viera en la tesitura de tener que obedecer una orden aun a costa de vulnerar los compromisos adquiridos? ¿Sería o no éste un caso de opción en conciencia, comparable incluso con aquellos en los que se debe decidir sobre cuestiones morales de otro tipo? Porque, ¿no es ésta también una cuestión moral?

Valoremos además otra cosa. Si para la política sólo sirviera la obediencia, sobraría el talento. No haría falta que ningún cargo público tuviera criterio alguno, bastaría con que la estructura de cada partido decidiera entre tinieblas. De hecho, esto es lo que ocurre en los regímenes totalitarios, desde los partidos comunistas de China o Cuba, hasta el politburó de la extinta era soviética. La política queda huérfana de personas capaces, aquellas que asumen el reto de aportar ideas y esfuerzo, aun a costa de sus propias equivocaciones. La política sería el terreno idóneo para la mediocridad y la fuerza de la camarilla se impondría a la de la democracia misma.

Los lectores tal vez han podido identificar algunas de estas cosas en acontecimientos recientes. He reclamado poder votar en conciencia los Presupuestos del Estado consciente de que en la decisión va indefectiblemente implícita otra de mayor calado, la permanencia del pacto entre UPN y el PP, que no ha sido tratada de manera singular mediante procedimiento democrático transparente. También consciente de que mi voto no va condicionar la gobernabilidad de Navarra. Y especialmente consciente de que los electores, cuando votaron, lo hicieron con el propósito de participar en un proyecto de política nacional que era compartido por los dos partidos, y que nos debía llevar a edificar una alternativa al zapaterismo. O me quedo con esto, o me quedo con la mera obediencia. Una cuestión de conciencia, aunque a algunos no les guste escuchar esta palabra.

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Santiago Cervera, diputado de UPN en el Congreso.

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