La difusa justificación de la existencia de esta norma sería ordenar los derechos de los jóvenes, promover la autonomía juvenil, impulsar la promoción de la condición juvenil a través de los programas de actividades, servicios y equipamientos específicos de juventud, así como modernizar la prestación de servicios y programas dirigidos a la juventud navarra.
Ante todo transversal.
El gobierno prevé la creación de un órgano interdepartamental en el que se estudiarán todo tipo de propuestas relacionadas con las materias que serán objeto de regulación en esta ley. Dicho órgano participativo, según la consejera, ”garantizará la transversalidad en las políticas de juventud”. El regionalista Sergio Sayas animo a la consejera para que éste sea “un órgano donde los jóvenes podamos debatir de tú a tú con el gobierno”.
Según la consejera, hay en Navarra 110.601 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Más allá de la justificación de la ley misma, cabe preguntarse cuántos de esos más de cien mil jóvenes participarán jamás en dicho órgano. Puede que esa cifra diera una idea de la justificación real y la demanda social efectiva de esta normativa. O si la representación de la juventud en el mismo, en la práctica, quedará en manos de determinados colectivos dedicados profesionalmente al acaparamiento de todo este tipo de órganos.
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