Paralelamente, cada vez parece más evidente en la CAV el acercamiento paulatino entre el PSE y el PNV. Una vez que el PNV ha adelantado que acatará la previsible sentencia del Tribunal Constitucional y que no habrá referéndum ilegal, parece mucho más probable un posible acuerdo presupuestario. A diferencia de lo planteado en Navarra por Jiménez, Rodolfo Ares insiste allí en que los presupuestos de la CAV no están vinculados a los Presupuestos Generales del Estado, “como no lo han estado nunca”. Ayer mismo, Ramón Jáuregui anunciaba su disposición a llegar a un acuerdo con el PNV, aparcando todas sus diferencias en otros asuntos: “nosotros vamos a intentar negociar los presupuestos y algunas cosas más con el PNV, sin perjuicio de que es evidente que, en otros plano de la actividad política, existen discrepancias importantes que ambos partidos conocemos”. Sin un buen motivo, salvo que Jiménez no haya medido sus palabras, resultaría llamativa esta suavidad de los socialistas para ayudar a la gobernabilidad de la CAV mientras en Navarra, en plena crisis, tratan de torpedearla.

Roberto Jiménez propone un quid pro quo.
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La oferta de Roberto Jiménez, tal y como parece, sólo admite dos desenlaces posibles. O bien UPN acepta la oferta del PSN, o bien la rechaza. Si la rechaza, sólo caben a su vez dos desenlaces: o el PSN apoya los presupuestos en Navarra, o no los apoya. Si no los apoya, entonces –como mínimo- volvemos a una situación que ya se dio en el 2002 y el 2003. En aquella ocasión, con un gobierno minoritario de UPN y Juan José Lizarbe al frente del PSN, la falta de apoyo de los socialistas obligó a prorrogar los presupuestos durante dos años consecutivos. Si los apoya, entonces la oferta que acaba de lanzar se vuelve contra él obligado a tragarse públicamente su propia condición. La pregunta es si Roberto Jiménez ha calculado lo que hará antes de lanzar su exigencia, o si la ha lanzado sin pensarla.