Ante la EpC, el Gobierno de Navarra puede y debe hacer otra cosa.

José Fermín Garralda Arizcun 16 junio 2008 Opinión

Un colaborador de “Diario de Navarra” (Jueves, 12-VI-2008),  criticaba a la “Plataforma Navarra Educa en libertad” en el aspecto de defender a un objetor ante “Educación para la ciudadanía” (EpC). Para el articulista, su opinión personal contraria a la EpC “no ha terminado de cegar (su) entendimiento” cuando juzga la labor del Gobierno de Navarra en este asunto. Con esta extraña y paradójica afirmación debido a su oposición personal a EpC, el articulista pretende justificar la actual política del Gobierno de Navarra ante la EpC, política ésta impositiva ya antes de las elecciones, favorable a la EpC, que vulnera en este tema los derechos de los padres, sus hijos, los Centros Educativos, y que no reconoce –además, pudiendo- la objeción de conciencia. Añade el articulista que el Gobierno de Navarra hace bien en “actuar con la debida dureza ante los alumnos objetores”. ¡Menudo defensor oficioso del pueblo tienen estos!. Un refrán dice: “Líbrame Señor de mis amigos que de mis enemigos me libraré yo”.

 

Aclaremos, porque no creo que quienes discrepen de dicho articulista tengan el entendimiento cegado, que es lo que se deduce de sus afirmaciones. Además, según nuestro humilde criterio, la posición de aquel muestra patentes contradicciones. Veamos:

 

1º Si un particular como Vd. puede hacer objeción de conciencia, ¿por qué no un gobernante?. Esto no es un gran mecano. ¿No hablamos de la coherencia y unidad del ser humano y de no separar la vida privada y la pública?.

 

2º Jurídicamente, la Comunidad Foral de Navarra sí puede reconocer la objeción de conciencia a EpC. Como dicen importantes juristas, no por ello incumplirá la legalidad. En efecto, la Ley son los Reales Decretos sobre la EpC, pero también es la Constitución (Art. 27.3 etc.). Todo alumno de 1º de Derecho sabe que ésta última tiene un rango mayor que los Decretos. Si una Comunidad Autónoma llega a la conclusión que se violenta o puede violentar la conciencia de los padres y tutores imponiendo la EpC, puede reconocer la objeción de conciencia.

 

3º Es contradictorio decir que los padres hacen bien al exigir al gobernante el cumplimiento de sus derechos paternos, y que el gobernante hace mal en satisfacer –ateniéndose a la ley del momento- dicha exigencia. En efecto, el mal moral nunca se puede aprobar ni cometer, lo que nunca se puede confundir con tolerar (permisión negativa del mal) en ciertos casos. Por otra parte, es falso que exista dicha exigencia, según he dicho en el punto anterior.

 

Con esta contradicción en un caso tan extremo como la EpC, ¿estamos moralmente armados para  criticar el totalitarismo de ayer y defender los derechos humanos?. Fácil es hablar del ayer y de lugares remotos, pero estas cosas ocurren en la España de 2008. Luego dirán que el totalitarismo nos ha llegado y que no sabrán cómo ha sido.

 

4º A un gobernante, ¿le sería legítimo promulgar y hacer cumplir una ley que él considera -con acierto- injusta, obligando así a los padres y alumnos a cometer un mal moral? ¿Le sería legítimo  para ello robar los hijos a los padres, que es lo que hace la EpC? Esto es querer un imposible, una utopía, ¿y no equivale a poner una vela a Dios y otra al diablo?

 

5º Me dirijo al articulista. Si Vd. fuese gobernante, ¿perseguiría al buen ciudadano que se protegiese de la injusta EpC? ¿O lo dice mirando los toros desde la barrera y como quien no dice nada? Si Vd. fuese ciudadano, ¿exigiría al gobernante perseguir al que objeta en conciencia frente a la ley que Vd. considera -con acierto- injusta?

 

6º ¿Es cierto y hay que conformarse en que cuanto peor sea la ley injusta, y cuanto más generalizado sea el número de víctimas, antes caerá la EpC? Lo que veo es que hay leyes muy injustas que generan muchísimas víctimas y que llevan años de práctica, sin caer por ello por los suelos. El dominio comunista duró siete décadas en la URSS. En realidad, como las cosas duran lo que tardemos en acabar con el problema, hay que definirse, denunciar lo criticable y trabajar, porque las cosas no se hacen ni resuelven solas. Tanto mal menor, tanto mal menor, que no salimos del mal mayor.

 

7º Es curioso que nos escandalicemos cuando los objetores de conciencia a la EpC exigen al Gobierno de Navarra el respeto a sus derechos inalienables, en una época en la que hay frecuentísimos incumplimientos de la ley. ¡Qué manía les ha entrado ahora contra los objetores a  EpC en su crítica a la actuación del actual Gobierno de Navarra! Basta conocer el “caso Ibarretxe”, y tantísimos otros. ¿Es que no podemos escandalizarnos cuando el Gobierno de Navarra nos impone la ley injusta?

 

Sepa, amable lector, que los objetores en Navarra trabajan a beneficio de todos los navarros, pertenecen al grupo de los ciudadanos activos amantes de su ciudad, ejercen como personas adultas un espíritu crítico a beneficio de todos en un tema tan grave como éste, y ofrecen una fundamentación sólida e incontestable. No en vano, de una u otra manera, hay tribunales civiles (Asturias, Andalucía, Huesca) que van dando la razón a otros objetores de las 35.000 objeciones que por ahora hay en España.

 

8º El actual Estado de Derecho supone más que el ejercicio del instrumento electoral que lo hace posible, pues exige poder ejercitar plenamente unos derechos inalienables. Por eso puede existir una dictadura con apariencia democrática. Tampoco se debe confundir la objeción de conciencia con una objeción de conciencia indiscriminada y absoluta. En realidad, nadie más interesados en la estabilidad política e institucional que los padres objetores, pero fundada siempre sobre el exquisito respeto a sus derechos inalienables. ¿Es que se puede imponer una ley pretotalitaria o totalitaria a beneficio de lo que fuere? ¿La impondría Vd., al margen del despotismo ilustrado que supone aprovechar un consentimiento genérico social o, mejor, un cheque en blanco?

 

Yo no sé si el actual Gobierno de Navarra está políticamente sujeto “con pinzas”. Lo que es muy  lamentable es que vaya calando el positivismo jurídico, ajeno y contrario a los principios generales del Derecho (también la Constitución española tiene su Preámbulo) y que la educación moral de nuestros hijos dependa de un pacto político (UPN-CDN-PSOE). En realidad, colaborar con la EpC del Gobierno es colaborar con la injusticia. Los abusos tienen lugar cuando nos quedamos callados, e incluso cuando, rechazando abiertamente la EpC por injusta, se consiente y apoya en este tema –sólo hablo de él- al Gobierno de Navarra que la impone aunque sea injusta y además anticonstitucional.

 

Como dice un amigo mío: tanta tolerancia, tanta diversidad, tanta trágala… empieza a “mosquear”. Con perdón. Y muchas gracias.

 

José Fermín Garralda Arizcun (padre objetor)

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