Según el artículo 1.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, la función primordial de la institución es la de “salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de la Administración.” Sin embargo, la resolución 58/2008 de 20 de mayo -dada a conocer el pasado 4 de junio- dictada por el llamado Defensor del Pueblo Navarro sobre Educación para la ciudadanía parece más una defensa de la Administración que del ciudadano. Dicha resolución es incomprensible, imprudente e inaceptable. Es incomprensible que el Defensor navarro silencie sin rubor la amplia jurisprudencia ya existente al respecto contra su conclusión: desde las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (de 4 de marzo y 9 de abril de 2008) donde expresamente se reconoce el derecho de los padres recurrentes a la objeción de conciencia frente a Educación para la ciudadanía, a las sentencias (¡que ni cita!) más recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Folgero c/ Noruega, y Zenguin c/. Turquía, de 29 de junio y 9 de octubre de 2007, respectivamente), donde se reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean considerados exentos de asignaturas obligatorias de contenidos ideológicos. Es incomprensible que, a estas alturas del debate social, el Defensor del Pueblo navarro venga a poner en cuestión el carácter ideológico y moral de la asignatura cuando, a lo largo de los decretos forales reguladores de los contenidos, objetivos, competencias y criterios de evaluación, existe una profusión de manifestaciones que así lo explicitan. Así, entre los objetivos de la Educación para la Ciudadanía en Educación secundaria se recoge la necesidad de hacer de los centros y las aulas “Espacios, en definitiva, en los que se practique la participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos,” o se declara que EpC debe centrarse “en la reflexión ética que comienza en las relaciones afectivas con el entorno más próximo para contribuir, a través de los dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica.” Y ya por último, aunque se podrían citar más, proponen los decretos forales “El estudio de los Derechos Humanos desde la perspectiva ética y moral lleva al alumnado a la comprensión de los fundamentos morales de la convivencia, identificando los distintos elementos comunes que desde las diversas teorías éticas se aportan para la construcción de una ética común, base de la convivencia en las modernas sociedades complejas.”

Nos parece más bien que el Defensor se debía haber preocupado de hacer valer el Artículo 23.2 de su Ley reguladora, en el que se le encomienda velar “porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados”, omisión igualmente incomprensible a la luz de la ausencia de resolución administrativa del Gobierno foral en forma debida que conteste a las comunicaciones escritas de ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los padres objetores.

No menos incomprensible es que Enériz no mencione en ningún momento la perversidad del sistema de evaluación de Educación para la ciudadanía, cuyo objeto no son los conocimientos exclusivamente, sino la adhesión personal del alumno a tesis ideológicas. No se trata de saber, por ejemplo, que existe la homosexualidad, sino de aceptarla como un bien moral. Tamaña vulneración de la libertad ideológica y del derecho a la intimidad del menor pasa completamente desapercibida para el Defensor navarro.

Nos parece asimismo imprudente la actuación del Defensor ya que, conociendo que el asunto está en los tribunales, se ha lanzado al espacio público a opinar. Nos preguntamos, con creciente curiosidad, quién se lo habrá pedido. Creemos que la prudencia hubiera aconsejado, al menos, el silencio hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se pronuncie sobre los recursos presentados por Navarra Educa en Libertad.

Consideramos una falta de respeto institucional el que otra institución quiera hacer valer su opinión o influencia ante el máximo órgano judicial navarro. Y nos sorprende el desconocimiento que tiene acerca de la realidad del movimiento objetor frente al adoctrinamiento que supone Educación para la ciudadanía, ya que el propio Defensor no ha recabado información alguna ni recibido en ninguna ocasión a los padres objetores ni a los representantes de las asociaciones representativas.

Es inaceptable y quiebra el principio de imparcialidad, que el Defensor Enériz asuma postulados ideológicos propugnados por el gobierno socialista con una naturalidad pasmosa, al proponer como inapelable la tesis ideológica de la escisión de la ética en pública y privada, con primacía absoluta de la primera. En el espacio público conviven pluralidad de perspectivas éticas, y no cabe imponer una de ellas como doctrina oficial que todo “buen ciudadano” debe respetar. No hay una ética pública, sino un Derecho que, con independencia de las convicciones éticas personales, ha de ser respetado.

No menos inaceptable es el declarado eclipse de la patria potestad de los padres sobre los hijos en materia educativa, ya que Enériz disuelve el Artículo 27.3 de la Constitución (que reconoce el derecho de los padres a la educación moral de sus hijos conforme a sus convicciones), al concebirlo como un accidente ideológico, que en modo alguno puede primar sobre la potestad incontestable de un Estado que ha asumido la educación, no ya como servicio público, sino como derecho frente a los verdaderos titulares del mismo, que son los padres.

Pues bien, sostener tales tesis –que no encuentran en absoluto refrendo en la jurisprudencia constitucional e internacional- es simplemente ideológico. Y hay que recordar que el Artículo 7. 2 de la Ley del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra le impide “realizar actividad alguna de propaganda política”.

La resolución del Defensor Enériz compromete gravemente la confianza del pueblo navarro en la imparcialidad de su actuación, al haberse inclinado por la defensa de las tesis de la Administración educativa y la ideología socialista del gobierno nacional. Y pone en riesgo la autoridad de la institución, sobre todo en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, haciendo gala de imparcialidad –como lo ha hecho el de Andalucía-, entienda que el ordenamiento jurídico español tutela el derecho a la objeción de conciencia frente al adoctrinamiento de Educación para la ciudadanía.