Las lluvias caidas en los últimos meses son claramente insuficientes y mantiene la reserva hidráulica española, en la estrenada de la primavera, por debajo del 50 por ciento de la capacidad de embalses. De no cambiar las cosas, avanza un verano de restricciones en no pocas zonas de España y un problema inmediato para la actividad agraria, principal perjudicada ya que el uso humano tiene lógica preferencia en épocas de escasez.

La situación es especialmente delicada en zonas con tradicionales problemas como Murcia o el mediterráneo andaluz, a las que se suma Cataluña cuyas cuencas internas están apenas por encima del 20 por ciento. Esto ha llevado a que la Generalitat se apresure a pedir al Gobierno un trasvase del río Segre –afluente del Ebro- al Llobregat desde donde se recoge agua para abastecer parte de la ciudad y zona metropolitana de Barcelona.

La solicitud se antoja lógica, pero pone en evidencia la actitud mantenida hasta ahora por el Ejecutivo catalán, que se opuso a cualquier trasvase del Ebro cuando estaban en la oposición y no era su comunidad la que lo necesitaba. Eso sí, por un mínimo de decencia política –y no poco cinismo- no habla de "trasvase" sino de "captación temporal de agua", como si el simplista juego de palabras cambiara la realidad de la necesidad de una auténtica política hidrológica a nivel nacional.

Desde Valencia y Murcia se critica este doble rasero y Aragón recuerda que su Estatuto "blinda" el trasvase, mientras el Gobierno de Zapatero, desbordado por la situación y prisionero de sus "erróneas" actuaciones anteriores, ofrece llevar agua desalada en barco desde Almería (la provincia más seca de España) hasta Barcelona.

Mientras unos y otros se pelean los ciudadanos, especialmente los regantes del río Ter, sufren las consecuencias de una ausencia de responsabilidad política y altura de miras, ya que el asunto del agua reclama desde hace muchos años un Pacto de Estado que no llega, debido en gran parte a los intereses electorales de PP y PSOE y a las presiones de unas insolidarias comunidades autónomas. ¿No les parece una vergonzosa situación?