Temiendo la incapacidad de los etarras para ganarse la vida trabajando y reinsertarse en la vida civil, el gobierno habría ofrecido a la ETA un plan en 10 años que incluiría el pago de mensualidades de 1.500 euros a los militantes de ETA, tanto a los activos como a los cientos que serían excarcelados.

Las fuentes antiterroristas citadas por El Mundo, aludían a que “siempre ha habido cercanía entre el entorno de ETA y el mundo del tráfico de hachís”, y que se temía que –a semejanza de Irlanda- la desmovilización de los terroristas acabara dando con muchos de ellos en el mundo de la droga.

Para salvar a los etarras de recaer en el mal camino, el gobierno de Zapatero habría ideado un “plan” de reinserción presupuestado con 300 millones de euros a desarrollarse en un máximo de 10 años. 1.500 euros al mes para cada terrorista durante ese tiempo. Esos 300 millones, divididos por los 10 años del período, y por los 13.000 euros anuales que cobraría cada etarra, arrojan la cifra de 2.307 etarras percibiendo dicha cantidad.

Todo esto además de “la creación de un órgano vasco-navarro”, más “el derecho a decidir” y “el reconocimiento de Euskal Herria”, según informó Deia.

Un plan genial para convencer a la gente de que la violencia es inútil y que no se haga terrorista.