En diciembre, la crisis habría estallado en una mesa de negociación cuyo formato había dado un salto adelante al contar con la participación de un alto representante gubernamental del país anfitrión de los contactos, además de los mediadores de la organización internacional especializada en resolución de conflictos que había facilitado el trabajo en las fases anteriores.

ETA exigía avances en el “carril político”, el de la mesa de partidos, entonces uno de los interlocutores gubernamentales se justificó explicando que “la mesa no se pensaba mover en dos años. Nosotros jugábamos con otro esquema… Primero, los presos. Tenéis que comprender que para nosotros es muy duro que se hable de Zuberoa, de relación con Navarra… Todo eso para el Gobierno es muy duro”.

Los tres enviados del gobierno sitúan Navarra como un escollo al inicio de la reunión. ETA recuerda entonces que, en las bases anexas ya pactadas, “no cabe interpretaciones sobre territorialidad y sujeto, eso está en los acuerdos”. Dichos anexos, aclaraba Gara ayer, contenían aclaraciones sobre la terminología a utilizar por las partes durante el proceso y su significado preciso, para que luego no se pudieran alegar discrepancias en la interpretación de esos términos. La primera de esas “aclaraciones” pactadas previamente por las partes se había referido precisamente a que, al hablar de territorialidad y sujeto, se referían “al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica”. La delegación gubernamental habría acabado la reunión reconociendo que “no pensamos que Navarra sea un problema”.

Y es que, también en el diario Gara y también hablando de las negociaciones políticas tramadas durante el proceso, se nos informó de que el PSOE había hecho una oferta sobre Navarra consistente en la creación de un órgano de gobierno común vasconavarro y la reforma del Amejoramiento al gusto de los terroristas:

El final de la tregua contado por Gara.

La representación del Gobierno, que incluía ya en esta fase a tres importantes dirigentes del PSOE, afrontó entonces los reproches de ETA en torno al incumplimiento del acuerdo de “no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas”. Los representantes del gobierno calificaron las detenciones producidas en esos meses de ”accidente importante”, se desentendieron de ellas y las explicaron por la dificultad para cerrar sumarios judiciales en marcha o por la existencia de jueces que “son instrumentos del PP”. Así es como, supuestamente, calificaron los enviados de Zapatero a todos lo jueces independientes que siguieron aplicando la ley durante el proceso, y así es como se justificarían las escasas detenciones (accidentes) ocurridas en España durante el mismo.

El gobierno, incomprensiblemente, aún no ha recurrido a hacer públicas las actas originales en poder de los observadores internacionales pactados por las partes y que, lógicamente, acudieron a las reuniones precisamente para actuar como testigos, custodiar las actas y dar fe de quién dice la verdad en situaciones como la actual en que las partes se acusan mutuamente de mentir.