El ministerio de Sanidad y Consumo hizo públicas el pasado 26 de diciembre las cifras del aborto en España durante 2004. Murieron durante ese año 84.895 niños, cinco mil más que en el año anterior. En Navarra 639 mujeres presentaron “motivos” para no tener a sus hijos y, amparadas en una legislación abortista, acabaron con ellos. Esos casi 85.000 niños españoles suponen más fallecidos que los accidentes de tráfico de la última década, más que en las dos guerras de Irak juntas, más que los fallecidos por causa del tabaco. Porque conviene recordar que, a estas alturas de la investigación científica, todos los estudios señalan que la vida comienza en el momento de la concepción y su valor reside en su dignidad, la misma que la de cualquier otra persona. Por eso resulta especialmente grave que las cifras del número de abortos en Navarra y en España hayan pasado desapercibidas. Pero además, las estadísticas nos dan otras cifras que conviene tener en cuenta porque nos hablan del entorno del aborto. Por ejemplo, son significativas las edades en las que una mujer decide “prescindir” de su hijo: un 40 % de las mujeres que abortaron tenían menos de 25 años, y más de 12.000 menos de 20 años. Además, el 75% de las mujeres que se sometieron a un aborto no estaban casadas. La conclusión es muy sencilla: muchas mujeres muy jóvenes se enfrentan muy solas a una decisión muy difícil, que no es parte de la solución, sino causa del problema. Las motivaciones para este crimen también son clarificadoras: sólo un 0,02% se acogieron al supuesto de violación y sólo un 3% se acogieron al supuesto de riesgo de malformación del feto. El 96,7% aludieron al riesgo para la salud de la madre, la argucia legal abierta en el texto, como puerta de atrás para el aborto libre y gratuito: basta con apelar a una posible tristeza o depresión por causa del embarazo para que los médicos bien pagados garanticen el “derecho al aborto”. La responsabilidad de este crimen terrible es doble. Por un lado, de los políticos de cualquier signo que dieron su aprobación a esta ley. Viciada desde su formulación, la ley despenalizadora del aborto ha acabado por ser una puerta abierta al aborto libre que no ha solucionado un problema sino que lo ha agravado: desde su introducción se han multiplicado por cuatro el número de abortos en España. Por otro lado, es responsabilidad de una sociedad que, mayoritariamente, no supo articular mecanismos para impedir la aprobación de una ley gravemente injusta, impulsada por una minoría interesada. Algunos políticos (de PSOE, UPN, PP, CiU, PNV, entre otros), que hacen pública e interesada ostentación de su condición de cristianos, han considerado suficiente muestra de oposición a la ley su trabajo por impedir la inclusión de nuevos supuestos. Esto es una hipocresía. Una ley que acaba cada año con 85.000 españoles sólo se puede derogar. Además esos políticos tienen que articular medidas que permitan un futuro mejor a aquellas familias que siente que un embarazo les ha dejado sin salidas. Una sociedad en la que viven personas dispuestas a matar a sus hijos para preservar su modo de vida, es una sociedad enferma de muerte. J.J. Luque
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