El candidato republicano Mitt Rommey acusó hace unas semanas al Presidente Obama de querer importar a Estados Unidos lo peor del modelo social y político europeo. Y al menos en un aspecto, los hechos no han tardado en darle la razón. El Partido Demócrata parece dispuesto a emprender la misma deriva radical que algunos partidos de izquierda europeos. Obama va a implantar un seguro médico obligatorio, vieja reivindicación, en particular, de muchos católicos, históricamente cercanos a los demócratas por sus políticas sociales. Pero el viejo sueño se ha convertido en pesadilla: los seguros, anuncia la Casa Blanca, incluirán obligatoriamente coberturas como la píldora abortiva del día después o esterilizaciones, y limitarán seriamente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Llueve sobre mojado.

La Administración ha hecho todo lo posible por enemistarse con los católicos y otras comunidades. Por ejemplo, está forzando a algunas de las más importantes organizaciones caritativas del país a cerrar sus puertas o a renegar de sus convicciones en temas como el derecho a la vida o el matrimonio, y ha obligado a las escuelas confesionales a implantar programas contrarios a su ideario. A falta de política social, Obama apuesta por el radicalismo y la ingeniería social. Las encuestas ya le pasan factura. Y si quiere más pruebas, puede consultar los resultados del 20-N en España.

La columna vertebral de las sociedades que progresan se sostienen en la educación, en un buen sistema educativo, exigente, que forme personas libres y que esté adecuado a los retos de cada época. La situación de crisis económica que vive España y el conjunto de Europa de manera especial exige que las nuevas generaciones estén bien formadas y orientadas en el mercado de trabajo. Desde hace treinta años, la Educación en nuestra país es un mal endémico que las sucesivas reformas –demasiadas– que se han desarrollado no han sabido corregir. Muy al contrario. Baste recordar que en el último informe Pisa los alumnos españoles obtuvieron el puesto 26 de un total de 34 países. El abandono escolar también arroja cifras alarmantes: un 28,4%, casi el doble de la media en la UE.

Es de este contexto del que parten las medidas que en Educación va a poner en marcha el Gobierno, tal y como anunció en el Congreso el ministro José Ignacio Wert, medidas ambiciosas inspiradas por crear un sistema exigente porque las naciones que no superen la crisis con una formación fuerte no podrán asegurar el bienestar de sus ciudadanos. Son medidas ambiciosas porque suponen la creación de un Bachillerato de tres años -lo que obligará a reducir la ESO en un curso- con un método evaluativo más estricto, según anunció Wert.

La otra gran pata de esta reforma es la que afecta a la Formación Profesional, que también se cursará en tres años, siendo obligatorio el primero, así como en el Bachillerato. El ministro de Educación hizo una defensa muy argumentada de la FP y pidió un cambio en la imagen de unos estudios que nunca deben ser entendidos como el resultado de una “segregación” injusta. Este modelo está inspirado en la FP “dual alemana”, según la cual los alumnos aprenden tanto en la escuela como en las empresas.

Cuando, reinando Zapatero, la crisis económica empezó a enseñar sus dientes, el lenguaje gubernamental se pobló de bellos eufemismos para nombrarla: los discursos parlamentarios se llenaron de perífrasis encubridoras como –tiro de hemeroteca para no inventar– desaceleración o contracción económica, periodo de ajuste, crecimiento negativo (valga el oxímoron), reducción del crecimiento, empeoramiento del ciclo económico, turbulencias en la economía, acumulación de desequilibrios, cambio de modelo de crecimiento, restricción severa en la liquidez, nuevo escenario de la economía, crecimiento debilitado… Toda una “realidad ficticia paralela”. Ganas de enmascarar la realidad para no afrontarla. Se obvia la palabra pero no el problema. Y ahora, al borde del abismo (del rescate, quiero decir), me viene a la mente un pensamiento de Kafka: jugar con las palabras es jugar con la verdad, y jugar con la verdad es jugar con la vida; con las vidas de tantos millones de parados que sufren el zarpazo de la crisis.

Una sencilla búsqueda en Google proporciona datos bastante ilustrativos acerca de cómo se perciben, entre la ciudadanía, los denominados “piquetes informativos”. Me refiero a la huelga general del pasado 29 de marzo de 2012. Es cierto que la frase “piquetes informativos” aparece 264.000 veces, por tratarse de la denominación oficial. Pero si buscamos, por ejemplo, siempre entre comillas, “violencia de los piquetes” obtenemos 91.700 resultados; si escribimos “piquetes violentos”, 34.200 casos; si precisamos “piquetes agreden”, 29.400 ocurrencias.

Pero es que si empezamos a leer las noticias relativas a “piquetes informativos”, observamos que los tales piquetes son con frecuencia el sujeto de verbos como bloquear, amenazar, quemar neumáticos, provocar altercados, sabotear, cortar vías, insultar, impedir la entrada / salida, impedir trabajar, etc.; o el complemento de expresiones como miedo a los piquetes y similares.

Y para colmo tenemos la combinación “violentos piquetes” (que aparece 1.220 veces), que al anteponer el adjetivo al nombre presupone la violencia como algo intrínseco a los piquetes (compárese con “pálida luna”, “oscura noche”).

¿Será posible rescatar la palabra piquete de su vinculación a la violencia? Los sindicatos –y algún que otro partido político- tienen la última palabra.

Durante siete años y pico, el Gobierno socialista hizo poco o nada para evitar que las familias perdieran sus casas por impago de las hipotecas, desgraciadamente conozco algunas.

Curiosa aplicación de la política social.

El Ejecutivo de Rajoy aprobó durante la primera semana de marzo impulsar la dación en pago para familias en paro y con viviendas de menos de 200.000 euros, además de varios mecanismos para evitar el desahucio -una quita de la deuda-.

La medida se incluye en un código de buenas prácticas con incentivos fiscales para la banca. Un ejemplo para la izquierda de cómo se ayuda de verdad a los más necesitados, una izquierda incapaz, no ya de prever estos casos, sino de evitar los tremendos desahucios.

Cabe preguntar a los que se les llena la boca hablando de la derechona, cual ha sido el resultado de su política social, aunque están a la vista: cinco millones y medio de parados y millares de familias desahuciadas.

Suelo leer su confidencial y me llama la atención que suelan destacar eventos históricos que afectan al devenir histórico de Navarra, con especial prevalencia del 500 aniversario de la llamada conquista de Navarra, en estos últimos meses.

Quisiera transmitirles una pequeña cuestión que debería llamar la atención de los navarros. Tras la integración de Navarra en la corona de España, se dio la circunstancia de que los reyes posteriores siguieron con la denominación de los reyes de Castilla y Aragón. Así, Carlos I de España y V de Alemania no fue Carlos IV, por no considerarse a Carlos III el Noble, rey de Navarra, como legítimo para continuar con la numeración de los reyes de España (lo cual fue y es injusto para el viejo Reyno de Navarra)

Sin embargo, es conocido que la actual monarquía ha dado pasos en el reconocimiento de los antiguos reinos que formaron después España. Por ejemplo, se recuperaron los principados de Gerona y Viana para el príncipe heredero, que hasta Alfonso XIII sólo era príncipe de Asturias.

Por ello, no puedo menos que preguntarme si la actual infanta Leonor accedería al trono siguiendo la numeración de los reyes de Castilla (en cuyo caso sería Leonor I), o si incluiría a Navarra, en cuyo caso sería Leonor II, por existir una reina reinante de Navarra que durante un breve periodo lo fue en el siglo XV.

http://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_Foix

Quizá sea pronto para plantearlo, pero visto que su confidencial gusta de tratar estos asuntos históricos, ¿no debería Navarra pedir que la futura reina Leonor sea Leonor II y no Leonor I, en reconocimiento a la pertenencia de Navarra a la corona de España?

Es una breve reflexión que quizá sirva para la elaboración de su estupendo confidencial. Y ojalá sirva también para poner sobre la mesa un pequeño asunto que puede resultar de interés para la comunidad foral.

El Partido Socialista centró su campaña electoral en la vieja estrategia del miedo a la derecha, los resultados demostraron que fue equivocada, como si el electorado hubiese perdido repentinamente la memoria, supongo que pensaban, de lo que ha sido su nefasta gestión de la crisis. Pero la herencia que deja de desempleo, déficit público y cierre de cientos de miles de empresas, sin olvidar los recortes a las pensiones y salarios de los funcionarios, es demasiado evidente para ocultarla con nuevas mentiras. Ahora, con las protestas por la imprescindible reforma laboral, apoyadas y animadas por muchos socialistas ilustres, siguen poniendo en jaque la posible recuperación española, pero ellos “erre que erre”.

Ana Mato anunció en el Congreso una Estrategia Nacional contra la violencia de género, violencia doméstica sería mejor llamarla, “para la que no se ahorrarán esfuerzos económicos”, dijo.

Sin embargo, el combate contra una de las mayores lacras sociales no será completo si no se destruye también una de las fuentes de violencia machista, como son los anuncios de prostitución.

Pienso que las páginas de los diarios no pueden prestarse a los abusos de mafias que obtienen pingües beneficios.

En este sentido la Administración no puede mirar para otro lado, como sistemáticamente lo está haciendo.

Leo la información de 10 febrero 2012 en Navarra Confidencial “Garzón, ¿héroe o villano?” y coincido plenamente con su contenido.  Creo que  es cuestión de estado  informar, cuando sea necesario, desde el mº de AAEE o desde  las cancillerías españolas de que las interpretaciones que puedan hacerse (que se han hecho ya) desde medios de comunicación extranjeros  que puedan inducir a pensar que en España se persigue al Sr. Garzón porque lucha contra la corrupción o contra el franquismo son falsas de toda falsedad.  Esos medios de comunicación deben tener muy claro, porque si no desinformarían (y en España también, salvo que se vaya de mala fe)  que, como muy bien señala:

1.- Nuestros tribunales de justicia son independientes, funcionan conforme a Derecho y que España, como recoge nuestra Constitución,  es un Estado social y democrático de Derecho y los ciudadanos españoles -todos-  y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Quien ponga en duda esto está errado, y como ha quedado apuntado anteriormente, habría que aclararle, porque, en efecto perjudica la “marca” de España. 

2.- Garzón por muy juez (mal-juez) que haya sido,  también es un ciudadano igual que los demás ante la ley.

3.- Que no es verdad, -que es absolutamente falso- que al mal-juez Garzón se le haya juzgado y condenado por investigar la corrupción o el franquismo, sino por un delito de prevaricación.

Insisto, creo que es ASUNTO DE ESTADO aclarar esto, de lo contrario se pone en entredicho al poder judicial español.

Muchas gracias.

La Constitución del 78 establece que la mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial debe ser elegida por los propios jueces y magistrados, según criterios de competencia y profesionalidad. Esto no le satisfacía al Partido Socialista, que modificó el sistema en 1985 para que los jueces autodenominados progresistas pudieran copar mayores cotas de poder. “Sólo una justicia de izquierdas es auténtica justicia”, según esta perversa lógica, ya se ha visto que no es así. Sobra contaminación ideológica. Hace falta que entré aire fresco en nuestra democracia. Pienso que sólo por esto ha merecido ya la pena un cambio de Gobierno. Algunos hablan de que el PP debe resucitar a Montesquieu.