El sector público trata peor que el privado a los autónomos

Es probable que muchas personas identifiquen “público” con “bueno” y “privado” con “malo”. En tal caso les llamará la atención que la Administración deba al conjunto de los autónomos españoles la asombrosa cantidad de 13.300 millones de euros y que sólo les pague a una media de 170 días de plazo. Para hacerse una idea, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, el año pasado el sector privado pagó en un plazo medio de 101 días. Además de no cobrar, los autónomos adelantan a la Administración 1.638 millones de euros en concepto de IVA por facturas pendientes de cobro. ¿Qué más puede hacer la administración para perjudicar a los autónomos?

Más estado, menos autónomos

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, denuncia que “el principal foco de destrucción de empleo, de autónomos y de mircoempresas reside en las Administraciones Públicas”. Según el último barómetro del Observatorio del Trabajo Autónomo, el 60,6% de los autónomos españoles se ve directa o indirectamente afectado por la morosidad pública, cuatro de cada diez autónomos tarda más de seis meses en cobrar sus facturas y el 30% tarda más de un año. La conclusión para Lorenzo Amor, en un entorno de casi imposible acceso al crédito, es que la Administración se está financiando a costa de los autónomos: “autónomos y microempresas estamos financiando a las administraciones públicas cuando debería de ser al revés”. Desde el inicio de la crisis, han perdido su trabajo en España 300.000 trabajadores autónomos.

La administración española en la “Champion´s League” de la morosidad

Atendiendo a los datos del año pasado, se pone de relieve que la administración española puede disputar tranquilamente los primeros puestos de la “Champion´s League” de la morosidad, ya que la morosidad media de las administraciones públicas europeas se situó en 67 días, frente a una media española de 158 días. La deuda conjunta frente a los autónomos y las empresas de la Administración alcanzaba el año pasado los 34.000 millones de euros. Se trata de una cantidad astronómica de liquidez que la cosa pública secuestra a las empresas y los autónomos cuando unas y otros lo necesitan desesperados.

Insolvencia y deuda oculta

Entre los proveedores del estado, es un clamor la forma en que la Administración, por falta de recursos, sigue gastando a base de demorar más y más los plazos de pago. Estos pagos, que en algunos casos se demoran años, suponen una auténtica bomba de relojería en la base del estado:

–          Por un lado es deuda oculta, que se va inflando de manera descontrolada aunque se suponga que el gasto se está recortando.

–          Por otro lado revela la situación absolutamente precaria de las cuentas del estado

–          Supone un perjuicio gravísimo para la supervivencia de los negocios de todos los proveedores de la Administración, con problemas crecientes para cobrar en plazos razonables

–          Cuando los propios proveedores no son capaces de acceder al crédito, son ellos los que en definitiva están financiando a la Administración, al ofrecer bienes y servicios por los que no se les paga en meses o años

–           Puesto que los proveedores sufren un perjuicio al postergarse tanto el pago, exigen un precio más alto, lo que encarece los bienes y servicios por los que paga el estado, que ve deterioradas sus cuentas, por lo que encuentra mayores problemas para pagar, por lo que cada vez paga con más retraso y vuelta al comienzo del ciclo. Todo ello, además, en perjuicio también del contribuyente, que a fin de cuentas es el eslabón final en la cadena de pago.

En Navarra, apreciablemente mejor

Dentro de este siniestro panorama,  las comunidades con una mayor deuda en términos absolutos con los autónomos son Cataluña (2.433 millones de euros), Andalucía (2.154,6 mill. de €), Comunidad Valenciana (1.542,8 mill. de €) y la Comunidad de Madrid (1.530,7 mill. de €), a las que siguen Galicia (940,8 millones de euros), Castilla y León (758,1 mill. de €), Castilla la Mancha (631,1 mill. de €), País Vasco (625,1 mill. de €), Murcia (532 millones de euros), Extremadura (465,5 mill. de €), Aragón (452,5 millones de euros), Canarias (450,7 mill. de €), Baleares (346,3 mill. de €) y el Principado de Asturias (333,8 mill. de €). Los tres últimos puestos en la lista de Administraciones morosas los ocupan Cantabria (183,3 mill. de euros), La Rioja (66,5 mill. de €) y Navarra (133 mill. de €).

En cuanto a los plazos de pago, a modo orientativo cabe citar un informe de este mismo año elaborado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), determinó que la Admnistración navarra paga a sus proveedores en 53 días frente a los 645 de Valencia, los 624 de Andalucía o los 395 de la media nacional.

No parece difícil aventurar una conclusión acerca de dónde resulta menos hostil tratar con la Administración siendo autónomo o empresario, por lo que tampoco parece aventurado pensar que no es casual que sea donde hay mayor crecimiento y menor paro.