1 abril 2008

La crisis reduce la recaudación del estado, y la de ETA.

Una de las consecuencias de la crisis del ladrillo es la menor recaudación fiscal de la Administración. Impuestos relacionados con la vivienda como el IVA, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados son los primeros afectados por la disminución de la actividad en el sector. Pero no son los únicos. Otro de los impuestos afectados es el “impuesto revolucionario”.

A través de algunas informaciones, parece que ETA no ha actualizado sus exigencias económicas a los nuevos tiempos que corren. Así, algunos empresarios navarros habrían recibido cartas de extorsión exigiéndoles cantidades que, ni aún en el supuesto de que estuvieran dispuestos a ceder al chantaje, estarían en condiciones de reunir para la banda. Tal vez sí hace dos años, pero no en estos momentos.

Primero la crisis, y encima la ETA.

Al parecer, la banda terrorista carece de preparación y datos adecuados para estar al día de la situación económica de algunas de sus víctimas. La semana pasada, el secretario de estado de Hacienda declaraba que, durante los dos primeros meses del año, la crisis inmobiliaria y el precio del petróleo habían reducido en un 27,5% el superávit del estado. Algunas voces agoreras se alzan ya, de hecho, cuestionando todas las previsiones económicas sobre las que se sustentan los actuales Presupuestos Generales del Estado. Por la misma razón, parece que las cuentas de ETA van a seguir el mismo camino. Y es que los problemas de solvencia afectan lo mismo a las personas tanto si están en las listas de extorsión de ETA como si no.