La ETA ilegal vive de sus víctimas a través de la ETA legal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que 66 ayuntamientos, 19 de ellos navarros, desviaron fondos públicos para financiar a ETA. La ETA legal habría desviado fondos a la ETA ilegal gracias a los municipios controlados por sus sucesivas marcas: Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, AuB y Sozialista Abertzaleak. A tal fin se habría creado Udalbiltza Kursaal, la asamblea de electos organizada por Batasuna, a la que el fiscal Juan Moral considera “bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de Ekin “. ANV, la formación que hasta en los editoriales de El País es calificada ya de “pantalla de Batasuna”, gestiona actualmente 230 millones de euros correspondientes al presupuesto de los 34 ayuntamientos que controla. ETA sigue viviendo de la gente a la que mata.

La fiscalía pide 240 años de prisión para 22 miembros de Udalbiltza entre los que se encuentran varios ciudadanos navarros: José Manuel Jurado, concejal de Batasuna en Villava u Oscar goñi Petrirena, concejal batasuno de Vera de Bidasoa.

Según el Tribunal Supremo en su auto de ilegalización de ANV, uno de los acusados (José Manuel Jurado) y otros miembros de Batasuna se reunieron el 14 de abril de este año en Alsasua con los cabezas de lista que se iban a presentar por ANV en las elecciones del 27-M.

Todas estas evidencias demuestran una vez más cómo el proceso-trampa iniciado por el PSOE ha permitido le reconstrucción de una ETA legal, paralela a la ETA ilegal, que gestiona el dinero público, vota en las instituciones, decide sobre los ciudadanos, recaba información, reparte subvenciones, convoca manifestaciones, accede a los medios y financia a la ETA ilegal. Puede hacer todo esto desde la legalidad sin ni siquiera condenar los atentados. Naturalmente cuenta para ello con la pasividad del gobierno y la fiscalía general del estado, los poderes públicos que debieran velar para que esto no sucediera.